Redacción El País
Foto: Estefanía Leal.
Tres funcionarios penitenciarios resultaron afectados por la inhalación de monóxido de carbono. En setiembre de 2024 otro incendio en el centro penitenciario se cobró la vida de seis reclusos.
Al menos cuatro reclusos fallecieron este lunes en un incendio producido en el Módulo 11 del ex Comcar, según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.
En el lugar ya está presente la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, y el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.
Al llegar al lugar, este último dijo a la prensa que en el lugar "hubo un incendio" que dejó varios fallecidos y que pretende entrar "y juntar toda la información" antes de dar declaraciones.
Juanche, por su parte, declaró al medio citado que el incendio se habría dado en medio de un "enfrentamiento", luego de que un grupo de reclusos rompieran los candados de su celda.
INR informó a sindicato penitenciario que solo tres cárceles cuentan con habilitación de Bomberos
Según detalló luego el INR, el incendio se produjo sobre las 13:00 horas de este lunes en una celda, lo que derivó en la intervención del personal de Bomberos. Por estas horas, el fuego fue controlado y "se evitó una propagación mayor dentro del establecimiento".
Además de los reclusos fallecidos, se reportó que tres funcionarios penitenciarios "resultaron afectados por inhalación monóxido de carbono".
"La situación se encuentra actualmente bajo control, y las autoridades del INR, junto con personal técnico y judicial, están trabajando en el lugar, y se ha dado inicio a las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro", asegura Interior.
Desde la Dirección Nacional de Bomberos confirmaron que el fuego se inició en el interior de una celda y que fue extinguido por funcionarios del INR mediante el uso de extintores. En el lugar trabaja el Destacamento de Bomberos de Belvedere y concurrió un móvil para colaborar con la investigación.
Tras el incidente, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de los reclusos y expresando su preocupación porque "las cárceles del sistema penitenciario uruguayo continúan siendo lugares de tortura".
"Una vez más se confirma lo que venimos denunciando sistemáticamente: el hacinamiento carcelario supera ampliamente todos los estándares establecidos por los organismos internacionales de derechos humanos. Las condiciones de reclusión son inhumanas y degradantes, y estas muertes son una expresión brutal de una realidad que habla a gritos", manifestaron los funcionarios y cuestionaron: "¿Cuántas muertes más necesita el Estado para asumir su responsabilidad y garantizar condiciones mínimas de dignidad y seguridad en los centros de reclusión?".
"Todo esto ocurre bajo la custodia del Estado, que es quien tiene la obligación legal, ética y política de resguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. Pero también hay que decirlo con claridad: en estas mismas condiciones trabajan las y los funcionarios civiles penitenciarios, expuestos a la violencia estructural de un sistema colapsado, sin garantías ni respaldo suficiente", denunciaron los funcionarios.
Tras la difusión de la noticia, familiares de presos acudieron a la entrada del centro penitenciario para pedir más información a las autoridades y conocer la identidad de los fallecidos.
Antecedentes
En setiembre de 2024 se produjo un episodio similar en el mismo centro penitenciario, entonces fue en el Módulo 4 y seis presos murieron. El fuego comenzó en la celda 94 y si bien personal de la cárcel vio el fuego y utilizó extintores para apagarlo, no se logró evitar que murieran los reclusos, según la versión brindada entonces por el Ministerio del Interior.
Meses después, en diciembre, se produjo otro incendio, también en el Módulo 11, que afectó a cinco reclusos en total, aunque tres de ellos fueron los más perjudicados y presentaron serias dificultades respiratorias debido al humo, lo que llevó a que fueran rápidamente asistidos y trasladados a distintos centros de salud para su tratamiento.
Tras estos episodios, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) presentó una demanda ante el Juzgado de Conciliación luego de recibir un informe del INR como respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Según este documento, al que accedió El País, solo tres de las 26 unidades penitenciarias cuentan con la habilitación de Bomberos, mientras que otras cuatro se encuentran pendientes de renovación.
Las habilitadas son la cárcel de Punta de Rieles, la unidad de máxima seguridad lindera al ex Comcar y la cárcel de Tacuarembó.
